Orlando Valdés

Publicaciones sobre el sistema eléctrico paraguayo.

El Paraguay debe ejercer su soberanía.

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                                                                                    Asunción, 26 de abril de 2021

Sr.

Ministro de Relaciones Exteriores

Euclides Acevedo

PRESENTE

                                                                                   Ref.: Criterios de revisión del Anexo C de Itaipú: el Paraguay debe ejercer su soberanía.

De nuestra mayor consideración:

En nombre de la Campaña “Itaipú 2023 Causa Nacional” tenemos a bien dirigirnos a Ud, con el fin de hacerle llegar nuestros Criterios de Revisión del Anexo C de Itaipú, con sus consecuencias energéticas, administrativas y económicas, exigiendo se adopte, como CRITERIO FUNDAMENTAL, que el Paraguay EJERZA PLENAMENTE SU SOBERANÍA HIDROELÉCTRICA (50% del CAUDAL HIDRÁULICO del RIO PARANA y 50% de la POTENCIA y ENERGIA correspondiente, generada en la CENTRAL), a partir del próximo 14 de agosto del año 2023[1], según se establece en el artículo XIII del Tratado y los numerales II.1 y II.6 de las “Condiciones de Abastecimiento” del Anexo C, debiendo ofrecer la ANDE en VENTA/EXPORTACIÓN la parte de nuestra energía no utilizada para nuestro consumo, conforme a tales atribuciones mencionadas. Este ofrecimiento de venta/exportación deberá contemplar, el “DERECHO DE ADQUISICION” (art. XIII, Tratado de Itaipú) que tiene el Estado brasileño, y que NUNCA puede ser interpretado como un derecho de CONFISCACION A PRECIO VIL, sino el derecho de igualar la mejor oferta que sea presentada por empresas comercializadoras eléctricas de terceros países y brasileñas[2], sin limitación alguna.

En forma más detallada, dividiremos tales Criterios de Revisión del Anexo C de Itaipú, a fin de exponerlos con la mayor claridad posible, en los siguientes capítulos:

            (a) la imperiosa necesidad de superar, previamente a toda revisión, las actuales extremas debilidades del gobierno paraguayo;

            (b) cuáles deberían ser, propiamente, los criterios de revisión del Anexo C de Itaipú; y,

            (c) la necesidad de evitar caer en apresuramientos que agraven aún más la debilitada posición paraguaya.

A. La imperiosa necesidad de superar las actuales extremas debilidades del gobierno paraguayo

En primer lugar, debido al no ejercicio –y a la falta de condiciones para el ejercicio– de la soberanía hidroeléctrica plenamente en este mismo momento, el Paraguay se halla INDEFENSO, en situación de EXTREMA DEBILIDAD, que no hace recomendable iniciar el proceso de revisión del Anexo C de Itaipú, SIN ANTES SUPERAR las causas de tal indefensión y debilidad extrema.

Ésa debe ser la primera preocupación de la Cancillería. Previamente al inicio de cualquier conversación oficial con el Brasil, para revisar el Anexo C, se deben remover todas y cada una de las causas que nos debilitan. Así, podemos citar que los principales factores que debilitan la posición paraguaya y que deben ser inmediata y previamente resueltos son:

1. Falta de infraestructura eléctrica que permita las mejores condiciones para vender/exportar la totalidad de la parte del 50% de la energía de Itaipú que no usamos y que disponemos como país, respetando el derecho de preferencia del Estado brasileño. Esta cuestión fue reiteradas veces reclamada, pero nunca resuelta y el tiempo se agota[3]. Se requieren, como mínimo, dos líneas más de 500 kV desde la subestación (SE) Yguazú hasta la SE Valenzuela, en el área metropolitana de Asunción, y una línea más de 500 kV entre la SE Ayolas y la SE Valenzuela (ver Plano), a más de poner en operación la imprescindible e injustificadamente postergada SINCRONÍA[4].

2. Ausencia de una postura clara del gobierno, para la revisión del Anexo C de Itaipú, que apunte al efectivo ejercicio de la soberanía hidroeléctrica y a contratar la totalidad de la potencia y energía que nos corresponde desde el 2023, el 50% del total.

3. El lamentable no ejercicio de la soberanía hidroeléctrica hasta hoy, lo que permitió que empresas privadas argentinas exporten al Brasil nuestra energía hidroeléctrica de Yacyretá a 141,4 US$/MWh, entre octubre del 2020 y febrero del 2021, con beneficio cero para la ANDE[5], lo que se reitera permanentemente en casos similares; lo mismo ocurre con la energía contenida en el embalse de Itaipú, exportada GRATIS al Brasil reiteradas veces (octubre 2019 – febrero 2020; octubre – diciembre 2020), cuando los precios del mercado brasileño de corto plazo estuvieron por las nubes.

4. La no remisión, desde hace años y hasta ahora, de toda la documentación que exige la CGR para que este ente de control pueda terminar la auditoría de la deuda de Itaipú Binacional.

5. La no constitución de una Unidad Exportadora dentro de la ANDE, que comience a ejercer soberanía y exportar ahora (2021), licitando la energía que no utilicemos de ambas binacionales[6]. Y,

6. La negativa del PE de dotarle a la ANDE de autarquía[7], la única empresa pública del Estado paraguayo que cuenta con plena atribución para contratar la totalidad de la potencia y energía hidroeléctrica binacional que nos corresponde como país.

B. Cuáles deberían ser los criterios de revisión del Anexo C de Itaipú

En segundo lugar, hasta  ahora el Poder Ejecutivo carece de una propuesta concreta con relación a la revisión del Anexo C de Itaipú, que contemple los intereses nacionales. ¿Qué va a exigir el Paraguay? ¿Qué se va a proponer? No existe documento oficial alguno que se haya compartido con la ciudadanía –sigue la suicida política secretista– y ello es lamentable, más aún ahora que se anuncia que el mismo PE quiere iniciar las tratativas con el Brasil para revisar tal Anexo. En nuestra opinión, lo que el Paraguay debería exigir y proponer al Brasil, con motivo de la revisión del Anexo C de Itaipú, son los siguientes puntos:

1°. Que la ANDE contratará el 50% de la potencia y energía de Itaipú (lo mismo que la de Yacyretá). Igualmente, la tarifa de Itaipú se deberá fijar sobre la totalidad de la potencia instalada, como establece el Tratado, incluso sobre la reserva de potencia para mantener la frecuencia de los sistemas eléctricos brasileño y paraguayo, debiendo pagar cada sistema la potencia que reserva[8]. No debería haber sino una única tarifa, en US$/kW-mes, por potencia instalada contratada y con estricta división en partes iguales de toda la energía generada. Cualquier importación de energía, incluso la del embalse, por cualquiera de las partes (ANDE, ELETROBRAS), deberá ser pagada a precio del mercado regional del momento, a la otra parte.

2°. Que la ANDE exportará libremente[9], a precio de mercado, la energía hidroeléctrica binacional no consumida internamente, según licitaciones o subastas internacionales transparentes, realizadas en territorio nacional, con leyes y justicia paraguaya, con punto de entrega en territorio nacional (en barras de la SE MD Itaipú, SE Ayolas, o donde se estime más conveniente). Al efecto, es recomendable dotarle de autarquía a la ANDE, como gozó hasta 1990, y constituir de inmediato una Unidad Exportadora en ANDE. Entre los criterios del precio de mercado de exportación se deberá contemplar el costo de sustitución de la energía hidroeléctrica por la energía termoeléctrica de la región generada con hidrocarburos, sin subsidio[10].

3°. Que, en ningún caso, antes, durante o después de la revisión del Anexo C, el precio de exportación de la energía paraguaya de Itaipú al Brasil deberá ser inferior al actual, sino que deberá subir y ser igual al precio de mercado regional. El Estado paraguayo deberá dar instrucciones precisas a los directores y consejeros paraguayos en Itaipú Binacional para que la tarifa de Itaipú, de 22,6 US$/kW-mes actualmente, en ningún caso baje, para su exportación al Brasil, no importa cuánto se reduzca circunstancialmente el costo del servicio de Itaipú, antes, durante o después del proceso de revisión del Anexo C, sino que suba al precio de mercado.

4°. La Cancillería debe manifestar claramente que el Estado paraguayo deberá obtener, sí o sí, un beneficio adicional de 1.000 M US$/año para el Paraguay, como mínimo, a partir del 14 de agosto del 2023, cuando se cumple el plazo de 50 años de ratificado el Tratado, ya sea como mayor ingreso monetario para el Estado paraguayo, si es que se mantiene la tarifa actual de Itaipú (dado que ya no habrá deuda que pagar), o bien como beneficio gracias a disponer de una menor tarifa de Itaipú, EXCLUSIVAMENTE para la ANDE y el Paraguay, no así para la exportación de la energía que el Paraguay no consume al Brasil, cuyo precio de exportación deberá ser igual o mayor al precio de exportación actual, según el precio de mercado regional, y nunca inferior[11].

5°. Que se debe excluir del Anexo C la obligación que pesa sobre el Paraguay/ANDE de presentar el cronograma de contratación de potencia del Anexo C, por ser esta presentación de cronograma atentatoria contra la soberanía nacional, amén de ser innecesaria, pues el Paraguay contratará la totalidad de la potencia y energía que le pertenece a partir del 14 de agosto del 2023.

6°. El Estado paraguayo debe exigir que las subsidiarias de ELETROBRAS, FURNAS y ELETROSUL, le paguen a Itaipú Binacional la parte del costo del servicio de electricidad que ilícitamente no pagaron entre 1985 y 1996, en un 98,5%, y la ANDE en 1,5%, y que, según el Balance de Itaipú Binacional de 1996, llegó a constituir una deuda vencida de 4.193 millones US$, más las cargas financieras correspondientes hasta la fecha, con la misma tasa de interés que Itaipú Binacional le aplicó a la ANDE cuando ésta, en un cierto momento (hacia el 2000), no pagó a Itaipú la potencia contratada. Tales exigencias se encuadran en las disposiciones del artículo VI del Anexo C de Itaipú, que son ecuaciones matemáticas que se describen a continuación: (i) sumatoria de potencias constratadas anualmente por las entidades abastecidas, de conformidad a las tarifas originales, iguales al costo del servicio, y ajustes anuales respectivos determinados en el numeral III del Anexo C; (ii) sumatoria de pagos anuales realizados por las entidades abastecidas en relación a las potencias contratadas por las entidades abastecidas; (iii) determinación del saldo deudor de la empresa concesionaria Itaipú Binacional al próximo 13 de agosto de 2023 y (iv) el saldo positivo o negativo a los 50 años de entrada en vigor del tratado de Itaipú, que será distribuido entre ambos Estados en proporción a las potencias contratadas, para su uso de ambos países. Estas ecuaciones matemáticas deberán ser minuciosamente verificadas, para constatar que los registros están avalados por el tratado y sus anexos. Se tendrá en cuenta además la auditoría de la deuda de Itaipú que está realizando la Contraloría General de la República y que se espera se concluya a la brevedad.

7°. El Estado paraguayo informará al Estado brasileño que, a partir del próximo 14 de agosto del 2023, la empresa concesionaria ITAIPU, deberá ocuparse exclusivamente generar energía, de conformidad a lo que dispone el tratado de Itaipú y sus Anexos A, B y C. El contenido de este último se debe modificar, en cuanto a los componentes del costo del servicio de electricidad de Itaipú (artículo III, Anexo C), de acuerdo a la realidad actual y bajo principios de calidad, eficiencia y austeridad, de la siguiente forma:

            (i) se debe eliminar del costo del servicio de electricidad la amortización y las cargas financieras de préstamos tomados para la construcción de Itaipú (en torno a 2.000 M US$/año actualmente) y, al mismo tiempo, se debe incluir en el costo del servicio de electricidad el pago de la deuda con los pueblos indígenas afectados por el embalse, avá guaraní paranaenses, por ser una violación de derechos humanos imprescriptible y que debe ser reconocida en toda su dimensión;        (ii) se debe agregar como costo del servicio de electricidad la reserva de depreciación, para reponer y actualizar permanentemente el activo fijo (unidades generadoras, instalaciones auxiliares, obras civiles, etc) que, además, debe ser revaluado hasta su valor actual y real;

            (iii) se debe establecer estrictamente que los gastos de explotación deben comprender exclusivamente los gastos administrativos, de operación, de mantenimiento y de reparación de Itaipú, debiendo eliminarse definitivamente los mal denominados “gastos socio ambientales”, que nada tienen que ver con lo social ni con lo ambiental, así como tampoco con la CH Itaipú, gastados en puentes y viaductos sobrefacturados fuera de la Central, debiendo establecer el Paraguay, además, que ningún funcionario paraguayo de Itaipú Binacional perciba en forma neta, luego de pagar impuestos, más que el Presidente de la República, a través de un proyecto de ley de impuesto a los altos salarios, con lo cual se preservará al mismo tiempo el principio de isonomía (igualdad de salarios brutos de funcionarios en Itaipú, del Paraguay y Brasil), bajo un nuevo modelo de austeridad, de manera a que resten más recursos para el pueblo paraguayo sin privilegios irritantes[12];

            (iv) deben incorporarse imprescindibles montos para mantener la calidad del agua del invalorable embalse de Itaipú, en partes estrictamente iguales (50%) para cada margen (Paraguay y Brasil), que sirvan para la preservación y reconstitución de los ecosistemas nativos que protejan a todos los cursos de agua que desembocan en el embalse, y en torno a éste mismo, para limitar el arrastre de sedimentos al embalse y evitar, así, que se acorte su valiosísima capacidad de almacenamiento y vida útil; igualmente, Itaipú Binacional debe contribuir a implementar curvas de nivel en toda el área agropecuaria de la cuenca, a fin evitar la erosión y el arrastre de sedimentos;

            (v) deben mantenerse los royalties a favor del Estado paraguayo y las utilidades para la ANDE por el capital integrado, con sus respectivos factores de ajuste;

            (vi) debe mantenerse en el mismo nivel el resarcimiento por gastos de “administración y supervisión” a favor de ANDE, que deben ser destinados para el funcionamiento de la Unidad de Exportación de ANDE que administrará la energía no consumida por el país, así como para la efectiva administración y supervisión técnica de la entidad binacional como un todo, por parte de ANDE, como representante del Estado paraguayo; y,

            (vii) se debe establecer la figura de un lucro o beneficio anual a favor de las Altas Partes Contratantes, a ser cobrado por la ANDE en el caso del Paraguay en la mitad, ya sea en efectivo o como energía más barata respecto a la actual, en una cantidad similar al que fue el servicio de la deuda pagada en los últimos años por el ente binacional por unos 2.000 M US$/año, como fruto de una central hidroeléctrica con un patrimonio neto mayor, libre de toda deuda[13].

8°. El Estado paraguayo deberá exigir plena paridad en todo el manejo del ente binacional, tanto en las decisiones y su administración, en un estricto 50%, como ya dispone el Tratado pero no se cumple, y también en la provisión de bienes y servicios y en el depósito de fondos en el sistema financiero, que deberán ser depositados en el BNF, u otro banco público paraguayo, en un 50%.

9°. Transparencia. La ciudadanía debería poder acceder a la toda la información de Itaipú. La CGR debería llevar a cabo obligatoriamente una auditoría de gestión y económico financiera de cada ejercicio vencido, así como estudios especiales todas las veces que sea necesario. Los hechos de corrupción deberían pasar a consideración de la Fiscalía General del Estado, la que debería dejar de otorgar un manto de impunidad a la gestión de los funcionarios paraguayos en Itaipú, y comenzar a cumplir estrictamente con el artículo XXI del Tratado[14].

10. Ampliación de la potencia instalada de Itaipú y ejecución de obras de navegación en forma autofinanciada. Sin afectar a las finanzas de la CH de Itaipú en operación, se debería acordar la modificación del Anexo B, en dos aspectos fundamentales: primero, la ampliación de Itaipú en la cantidad de unidades de generación que sea rentable hacerlo, a fin de evitar el vertimiento de agua en los momentos de elevado caudal hídrico; y, segundo, la construcción de un canal y esclusas de navegación que permita la navegación fluvial sin transbordo desde las afueras de S. Pablo hasta Buenos Aires, pasando por el Paraguay. Estas obras deberían ser autofinanciadas mediante la venta a futuro de la energía hidroeléctrica adicional que se generaría con las nuevas unidades a instalar y con el pago del peaje a cobrarse por el paso de barcazas por tal canal y esclusas de navegación.

C. La necesidad de evitar caer en apresuramientos que agraven aún más la debilitada posición paraguaya

En tercer lugar, se debe dejar sentada claramente la postura que en ningún caso, y bajo ninguna circunstancia, se reducirá la actual tarifa de exportación, de la energía que el Paraguay no consuma internamente, al Brasil, antes –ni durante y tampoco después– de la revisión del Anexo C de Itaipú, por más que se reduzcan los costos del servicio de electricidad.

Al contrario, tal precio de exportación deberá ser igual a los precios de mercado desde el 2023, o incluso antes; nunca inferiores a los actuales precios de exportación. Consiguientemente, no existe apuro alguno para adelantar la revisión del Anexo C de Itaipú, marcada para el 14 de agosto del 2023, pues la reducción del costo del servicio no tiene por qué implicar la reducción de la tarifa, como erróneamente sostiene el encargado técnico designado por el PE[15].

Para reducir la actual tarifa se requiere el acuerdo del Estado paraguayo; simplemente dando instrucciones a los consejeros paraguayos de Itaipú Binacional, que no den su acuerdo en el Consejo de Administración del ente binacional para reducir la tarifa de Itaipú, ésta no se reducirá, no importa cuánto bajen los costos del servicio; al contrario, el Estado paraguayo, con la prolongación de la actual tarifa y con costos menores, se asegura el “piso” de 1.000 millones US$/año más de beneficios[16].

Finalmente, aprovechamos esta carta para hacerle llegar recientes estudios y documentos  de nuestra Campaña, remitidos a diversas instancias del Poder Ejecutivo y a la opinión pública, donde se realizan análisis y se dejan sentadas posturas sobre varios de los puntos arriba enumerados y que, entendemos, podría ser de utilidad a la Cancillería.

Nos gustaría poder exponer más extensamente estos puntos de vista a la Cancillería Nacional, como cartera ministerial encargada de las relaciones exteriores, de acuerdo a nuestra Constitución Nacional.

Sin otro particular, le saludamos con nuestra mayor consideración.

Campaña “Itaipú 2023 Causa Nacional”

Adj.: (i) carta al presidente de la República y al presidente de la ANDE en relación a las obras de infraestructura imprescindibles para poder ejercer la soberanía hidroeléctrica, con documento adjunto, del 19.04.2021; (ii) pronunciamiento: “Mientras no hay oxígeno, remedios ni vacunas, Abdo Benítez continúa dilapidando recursos de binacionales”, del 08.04.2021; (iii) carta al Presidente de la República y al presidente de la ANDE exigiendo que ANDE exporte energía de Yacyretá que no consumimos a precios de mercado, más documento adjunto, del 23.03.2021, (iv) carta al Presidente de la República, exigiendo se remita la documentación que requiere la CGR a fin de terminar la auditoría de la deuda de Itaipú, del 05.03.2021; (v) documentos que la CGR requiere al Poder Ejecutivo para terminar la auditoría de la deuda de Itaipú, adjunto a la carta anterior [fuente: CGR]; (vi) comunicado “ABDO BENÍTEZ SE OLVIDA DE SOBERANÍA EN ITAIPÚ”, del 27.02.2021, (vii) carta al Contralor General de la República, reclamando que se termine la auditoría de la deuda de Itaipú y documento adjunto, del 22.02.2021; (viii) pronunciamiento titulado: “Abdo Benítez, vía EBY/Nicanor, defiende la entrega de nuestra energía al Brasil a precio CONFISCATORIO”, emitido el 09.02.2021; (ix) carta a la Comisión Permanente del Congreso Nacional, sobre donación de Itaipú a FURNAS y sobre obras de infraestructura eléctrica que debe emprender la ANDE, del 13.01.2021; y (x) anteproyecto de ley de autarquía y Unidad Exportadora de ANDE, presentado al Congreso Nacional el 17 de diciembre de 2020.

[1]     La revisión del Anexo C de Itaipú se debe hacer “después de transcurrido un plazo de 50 años” de ratificado el Tratado, es decir, a partir del 14 de agosto del 2023, dado que su ratificación fue el 13.08.1973. Anexo C, art. VI.

[2]     El Brasil ya aceptó que la ANDE pueda ofertar la energía que no consuma, a la brevedad posible, al mercado brasileño y desde el 2023 a terceros países. Ver Declaración conjunta Paraguay–Brasil, Asunción, 25 de julio 2009. El Acta de Foz de Yguazú, base del tratado de Itaipú e incluida en su preámbulo, establece que el Paraguay podrá exportar su energía a terceros países, al otorgar el “derecho de preferencia para la adquisición” al Brasil.

[3]     Parlasur. Delegación del Paraguay. El decálogo de la justicia en Itaipú. Asunción, mayo 2019. Este documento, con similar reclamo, fue entregado a la Cancillería y a los órganos pertinentes del PE. Si bien se perdió un valioso tiempo sin avanzar en la infraestructura imprescindible, se podría tener en operación estas líneas de 500 kV en el 2023, pues su construcción tarda 18 meses. Lo que falta hasta ahora es voluntad política.

[4]     Por falta de sincronía el Paraguay pierde centenares de millones de dólares al año. Ver https://www.ultimahora.com/falta-sincronizacion-itaipu-y-yacyreta-causa-perjuicio-afirman-n2934050.html.

[5]     Campaña “Itaipú 2023 Causa Nacional”. Carta dirigida al Presidente de la República el 23 de marzo del 2021.

[6]     Nuestra Campaña presentó un proyecto de ley al respecto que NO está siendo impulsado por el Poder Ejecutivo.

[7]     Existe un proyecto de ley de autarquía de ANDE del entonces diputado Oscar Tuma presentado en el 2016. Nuestra Campaña presentó un anteproyecto de ley de autarquía para ANDE; el PE no impulsa ninguna de estas iniciativas.

[8]     El sistema eléctrico brasileño reserva más potencia (que el paraguayo) para mantener su frecuencia y es justo que pague más por la mayor potencia reservada al efecto.

[9]     Al Brasil/ELETROBRAS se le otorgará el derecho de preferencia de adquisición establecido en el Acta de Foz de Yguazú. El “derecho de adquisición” establecido en el artículo XIII del Tratado, NO es un derecho de CONFISCACIÓN a precio vil, sino de preferencia de compra al mejor precio que el Paraguay consiga libremente.

[10]   El 60% de la generación eléctrica de la Argentina y Bolivia es con hidrocarburos; el 40% de la generación eléctrica de Chile y el 15% de la generación eléctrica de Brasil se realiza con hidrocarburos. Es decir, ninguno de estos países puede eliminar la generación con hidrocarburos. Ver https://www.cier.org/es-uy/Paginas/Publicaciones.aspx.

[11]   La actual tarifa de Itaipú (22,6 US$/kW-mes) se basa en el costo del servicio de electricidad que incluye el pago de aproximadamente 2.000 M US$/año en concepto de amortizaciones y cargas financieras a las entidades crediticias que prestaron el dinero para la construcción de Itaipú, principalmente ELETROBRAS. Al desaparecer la deuda de Itaipú en el 2023 (o antes, según auditoría de la CGR), al Paraguay le corresponde, con la actual tarifa, un beneficio neto de (2.000 : 2 =) 1.000 millones US$/año, que podría percibirse como lucro del Estado, a ser cobrado por ANDE, por un mayor patrimonio neto de Itaipú, libre de deuda. Otra alternativa sería no establecer este lucro y bajar la tarifa considerablemente; actualmente Itaipú recauda (22,6 US$/kW-mes x 12,135 millones kW x 12 meses =) 3.291 millones US$/año. Es decir, si no existen más la amortización ni las cargas financieras en el costo del servicio, y no se establece la figura del lucro, los ingresos de Itaipú se reducirán a (3.291 – 2.000 =) 1.291 millones US$/año, sin variar otros componentes del costo, y la tarifa, sin alterar tampoco la potencia a contratar (que recomendamos sea la instalada, como dice el Tratado), sería de (1.291 : 12,135 =) 8,9 US$/kW-mes, o bien, para 90 millones de MWh/año, una tarifa promedio de (1.291 : 90 =) 14,3 US$/MWh. Ésta podría ser la otra variante: tarifa de 8,9 US$/kW-mes (o promedio de 14,3 US$/MWh), pero EXCLUSIVAMENTE para el consumo NACIONAL de la ANDE/PARAGUAY, así como del Brasil para su 50%. Para la exportación de la energía que el Paraguay no consume debería seguir siendo la misma tarifa actual (22,6 US$/kW-mes) más los beneficios a precios de mercado. Así formulada la cuestión, en ambos casos, (i) mantenimiento de la tarifa o (ii) reducción de la tarifa, el Paraguay tendría un piso de beneficios adicionales iguales a 1.000 M US$/año, en efectivo o vía energía más barata, más lo que permita obtener el precio de mercado regional, por la energía no consumida que se exporte. ¿Qué opción es más conveniente? ¿Mantener la tarifa actual o reducirla para NUESTRO consumo? Las dos opciones son convenientes, siempre que NO se reduzca el precio de exportación de la energía que el Paraguay no consume al Brasil. En cualquiera de las dos opciones se deben tomar recaudos para que los fondos obtenidos (hasta 1.000 M US$/año en efectivo), o la energía más barata para la ANDE, no se desperdicien en un uso rentista (e improductivo) del dinero, en el primer caso, o en un consumo improductivo de energía, en la segunda alternativa.

[12]   El producto del impuesto a los altos salarios de los funcionarios paraguayos de los entes binacionales podría destinarse a hacer más amplia la tarifa social, en beneficio de sectores vulnerables, como lo planteó el proyecto de ley “Ñande Energía”, finalmente vetado por el Poder Ejecutivo. La excusa, que tiene cierto fundamento y que esgrimen los altos funcionarios paraguayos de Itaipú para defender sus altos salarios, es que los funcionarios paraguayos deben ganar lo mismo que los brasileños, si bien se olvidan que los impuestos en el Brasil son mucho más elevados. De ahí que la solución que mantiene el principio de isonomía (igual salario bruto para el funcionario, no importa de qué país sea) y que, al mismo tiempo, evita privilegios irritantes en el Paraguay, consiste en aprobar una Ley de Impuesto a los Altos Salarios, como rige en otros países. De hecho, por un principio de autoridad y de equidad en la función pública, ningún funcionario público debería percibir una remuneración neta, luego de pagar impuestos, superior a la del Presidente de la República.

[13]   El lucro o beneficio que reciba el Estado paraguayo a través de la ANDE servirá para desarrollar la infraestructura eléctrica, ampliar la generación eléctrica con fuentes renovables y fomentar el uso de la energía eléctrica en actividades que generen valor agregado y empleo de calidad masivamente.

[14]   Que establece que “la responsabilidad civil y/o penal de los Consejeros, Directores, Directores Adjuntos y demás empleados paraguayos o brasileños de la Itaipú, por actos lesivos para los intereses de ésta, será investigada y juzgada de conformidad con lo dispuesto en las leyes nacionales respectivas”. Nunca se cumplió este artículo.

[15]   https://www.abc.com.py/nacionales/2021/03/22/el-siguiente-paso-sera-fijar-la-fecha-para-inicio-de-la-revision-del-anexo-c/.

[16]   Si no hubiera acuerdo para revisar el Anexo C y los costos se redujeran a 1.291 M US$/año y se mantuviera la tarifa vigente (de 22,6 US$/kW-mes), Itaipú recaudará 3.291 M US$/año, como se vio, y restarán (3.291 – 1.291 =) 2.000 millones US$/año a favor de Itaipú Binacional; es decir, restarán indiscutiblemente 1.000 M US$/año a favor del Estado paraguayo, lo que de ninguna manera perjudicará al Paraguay. En resumen, no hay apuro para revisar el Anexo C en el 2021, ó 2022, como interesadamente sostienen algunos.

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